CSI: Las personas refugiadas tienen derecho al trabajo decente
El 20 de junio de 2023, Día Mundial de los Refugiados, la CSI junto a sindicatos de todo el mundo exigen que los Estados asuman su responsabilidad de proporcionar un refugio seguro a las personas que huyen de la persecución, el conflicto y los efectos del cambio climático.
La persecución, el conflicto y la guerra en cada región del mundo empuja a millones de personas a buscar refugio fuera de su país de origen y otras decenas de millones están desplazadas dentro de su país. El calentamiento global está creando millones de refugiados climáticos, ya que se cobra vidas y acaba con medios de subsistencia.
En 2022, el número de refugiados y personas desplazadas por la fuerza superó 100 millones:
La mayor parte de las personas buscan refugio en países más pobres. Los países de ingresos bajos y medios acogen el 74% de los refugiados y otras personas que necesitan protección internacional del mundo.
Los países menos desarrollados proporcionan asilo al 22% del número total de personas refugiadas en el mundo.
Los Estados se han comprometido a aliviar la presión de los países de acogida con arreglo al Pacto Mundial sobre los Refugiados, pero las cifras de reasentamientos siguen siendo insignificantes y el presupuesto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados sufre una infrafinanciación crónica
Trabajo decente
En los países de destino, las personas refugiadas y desplazadas se enfrentan a barreras enormes a la hora de acceder a oportunidades de trabajo decente. En algunos lugares, los refugiados no pueden acceder a los mercados de trabajo debido a restricciones legales o procedimientos administrativos costosos.
En otros países sin dichas restricciones, los refugiados afrontan otros retos relacionados con las barreras lingüísticas, la falta de reconocimiento de las competencias, la ausencia de oportunidades de formación y servicios públicos insuficientes o inexistentes de intermediación laboral.
Además, los refugiados corren peligro a causa de las fuerzas políticas populistas de derechas, que están en auge en todo el mundo y fomentan la xenofobia y el racismo.
Estos obstáculos para el empleo formal hacen que los refugiados sean más vulnerables al abuso y los abocan a la informalidad. Los refugiados trabajan de forma desproporcionada en el sector informal, donde están expuestos a graves déficits de trabajo decente, incluida la falta de protección social.
En el marco del llamamiento a un nuevo contrato social:
Pedidos 575 millones de nuevos puestos de trabajo y la formalización de al menos 1000 millones de empleos informales de aquí a 2030. Estos trabajos deben estar abiertos a los refugiados.
Los Gobiernos deben eliminar todas las barreras jurídicas, administrativas y prácticas que impiden que los refugiados trabajen con dignidad. Esto incluye todos los obstáculos para la libertad sindical y la negociación colectiva, las cuales son fundamentales para que los refugiados puedan defenderse contra la explotación y exigir sus derechos.
Los países con pocos refugiados deben apoyar a los países que acogen a la mayoría aumentando drásticamente el número de plazas de reasentamiento y garantizando el trabajo decente.
