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Las centrales sindicales argentinas se solidarizan con el justo reclamo del pueblo francés.

Por medio de la presente, las Centrales Sindicales de la República Argentina, que firman al pie de este documento, y tras intercambios y consultas previamente realizadas con organizaciones hermanas representativas de los/as trabajadores/as de Francia, deseamos expresar nuestra preocupación por el avance de una política de gobierno que vulnera el bienestar del pueblo francés y el carácter mismo del Estado de Derecho en su país.

Desde el 19 de enero, diversos colectivos sociales entre los que se cuentan las organizaciones sindicales francesas han hecho ejercicio del derecho a expresar y manifestar su oposición a las medidas adoptadas de forma unilateral por el gobierno nacional. Compartimos las razones de su accionar, entendiendo que la reforma del sistema de pensiones y protección social pretende aumentar la edad jubilatoria y el número de años de contribución. Ello conduciría inevitablemente a un empobrecimiento general y a una disminución de la esperanza de vida tras la jubilación y, en última instancia, a privar a grandes masas del pueblo francés del derecho a una jubilación saludable. Dicho escenario traerá repercusiones especialmente severas para las personas expuestas a condiciones de empleo inestable, precario e informal, particularmente mujeres y trabajadores/as migrantes.

En estos días, millones de manifestantes y huelguistas sirven como una clara demostración del rechazo masivo de la población a la ley, hecho que merece un reconocimiento sustancial en toda sociedad democrática. La decisión de forzar su adopción por mecanismos no representativos no hace más que exacerbar el problema y afianzar la deslegitimación de las instituciones cuando estas demuestran no poder canalizar las demandas y expectativas de la población.

Desde las Centrales Sindicales de la Argentina nos solidarizamos con el justo reclamo del pueblo trabajador francés y exigimos el respeto al ejercicio de los derechos de libertad sindical, huelga, libertad de expresión y manifestación de la población. Asimismo, condenamos el uso de la represión para acallar a la población cuando ésta se encuentra realizando el ejercicio y la defensa de aquellos
derechos que constituyen la base de una sociedad justa.

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