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Argentina en una Encrucijada

Como sindicalistas, representamos a los trabajadores con cuyo esfuerzo se sostiene a la economía, a las familias que sueñan con un futuro mejor y a las comunidades que dependen de la fuerza colectiva para sobrevivir.

A un año de la presidencia de Javier Milei, debemos enfrentar una situación repudiable: sus políticas han llevado a los trabajadores y a las poblaciones vulnerables de Argentina a una mayor precariedad. A pesar de la prominencia de su plan anarcocapitalista en las portadas de los medios internacionales, con promesas de una economía floreciente y una inflación reducida, los costos sociales de la terapia de shock económico de Milei son innegables.


El Tejido Social Bajo Tensión
La administración de Milei ha socavado los cimientos mismos del contrato social de Argentina en torno a los derechos, tanto laborales como civiles. Al recortar el gasto público, criminalizar la disidencia y empoderar los intereses corporativos, su gobierno ha exacerbado la desigualdad. Los recortes equivalentes al 4% del PIB afectaron a las jubilaciones y pensiones, los salarios del sector público, los programas de protección social y las obras públicas, todos estos sustento de las comunidades que dependen de la infraestructura y los servicios sociales. La casi eliminación total de la inversión en infraestructura no solo ha detenido el incremento del potencial productivo, sino que también freno el mantenimiento esencial, destruyendo cientos de miles de empleos en la construcción y sectores relacionados.

Las jubilaciones y pensiones, que solían ser una red de seguridad crucial, perdieron el 22% de su poder adquisitivo en solo un año. La educación pública y la ciencia, la salud, el transporte y los subsidios energéticos, que sostienen a millones de hogares, se redujeron drásticamente. Estos recortes se combinaron perversamente con exenciones fiscales para los argentinos más ricos, ampliando aún más la brecha entre ricos y pobres.

Pobreza y Desigualdad
Desde la asunción de Javier Milei a la presidencia de Argentina en diciembre de 2023, la pobreza ha experimentado un incremento notable. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en el primer semestre de 2024, el 52,9% de la población se encontraba por debajo de la línea de pobreza, un aumento de 11,2 puntos porcentuales respecto al segundo semestre de 2023, cuando la tasa era del 41,7%. Además, la indigencia, que mide a quienes no pueden cubrir una canasta básica de alimentos, alcanzó al 18,1% de la población en el mismo período.

La distribución del ingreso en Argentina se ha vuelto alarmantemente desigual. El 10% más rico ahora concentra el 33% del ingreso nacional, mientras que el 10% más pobre apenas sobrevive con el 1.8%. El coeficiente de Gini, una medida de la desigualdad, ha aumentado de 0.417 a 0.436 en solo un año, destacando la creciente brecha entre los pocos privilegiados y la mayoría marginada. Esta polarización no es solo económica, sino profundamente social, ya que la sociedad también se fractura a lo largo de líneas de oportunidad, acceso y desesperanza.

Para los jóvenes trabajadores, el panorama es desolador. Las tasas de desempleo juvenil han aumentado, y muchos se ven obligados a trabajar en la economía informal o en empleos de plataformas sin estabilidad ni protecciones. Las familias que antes aspiraban a la movilidad social ascendente ahora envían a los cónyuges y adolescentes al mercado laboral para llegar a fin de mes.

El Trabajo y los Trabajadores Bajo Asedio
El desempleo ha aumentado al 7.6%, mientras que el subempleo alcanzó el 20%, obligando a muchos a asumir múltiples trabajos precarios solo para sobrevivir. Los salarios reales han caído drásticamente, y el salario mínimo cubre ahora menos del 30% de los gastos básicos de vida y el 50% de las necesidades alimenticias básicas. Un pequeño grupo de trabajadores en algunas industrias orientadas a la exportación puede experimentar ganancias modestas, pero estos beneficios no llegan a la mayoría ocupada en sectores devastados por la austeridad.

Las reformas laborales introducidas mediante la polémica "Ley de Bases" han erosionado derechos conquistados durante décadas, mediante la ampliación de los períodos de prueba, reduciendo las protecciones por despido y creando la figura de "colaboradores independientes", un eufemismo para trabajadores despojados de derechos laborales. Estas medidas son un claro intento de debilitar los sindicatos y socavar la negociación colectiva, dejando a los trabajadores más vulnerables a la explotación.

La Criminalización de la Disidencia
La administración de Milei no solo ha marginado a los trabajadores, sino que ha suprimido activamente su capacidad de protesta. Nuevas leyes imponen severas sanciones a los organizadores de protestas sociales, incluyendo posibles penas de prisión de hasta seis años. Se ha autorizado a la policía a dispersar manifestantes, a menudo con amenazas de retirar la asistencia social a quienes resistan. El presupuesto de seguridad interna aumentó significativamente. Estas acciones forman parte de un ataque más amplio contra los sindicatos, cuyos líderes son blanco de campañas de difamación y acoso institucional.

Esta represión, acompañada por un ejército paralelo de trolls en redes sociales, es un recordatorio contundente de que el gobierno de Milei prioriza los intereses del capital sobre los derechos de las personas. Al sofocar la disidencia, busca silenciar las voces que claman por equidad, justicia y equidad.

El Peso de la Inflación y la “Contabilidad Creativa”
Mientras el gobierno afirma progresos en la reducción de la inflación, la realidad para los trabajadores es diferente. La inflación sigue siendo una carga diaria, especialmente en alimentos y servicios esenciales. El uso de métricas inflacionarias desactualizadas, con una canasta de bienes y servicios de hace 20 años, en lugar de la ultima, por parte de la administración enmascara el verdadero alcance de esta crisis, erosionando aún más la confianza en las instituciones públicas.

La contabilidad creativa también se extiende a la política fiscal. Los superávits anunciados excluyen miles de millones en obligaciones impagas. Estos artificios contables no ofrecen alivio real a los trabajadores cuyos ingresos continúan perdiendo valor.

Lo que Está en Juego
El experimento económico de Milei representa un cambio drástico respecto a las tradiciones de solidaridad social, compromiso con los derechos humanos y empoderamiento de los trabajadores en Argentina. Sus políticas desmantelan los mecanismos que alguna vez permitieron un crecimiento inclusivo y los reemplazan con un enfoque estrecho en la eficiencia impulsada por el mercado, mientras se elogia a los monopolios como “héroes”. ¿Pero eficiencia para quién? ¿Para los trabajadores que luchan por alimentar a sus familias? ¿Para los jubilados cuyos ahorros de toda la vida valen una fracción de lo que alguna vez fueron? ¿Para los jóvenes que ingresan a un mercado laboral sin oportunidades?

La historia nos enseña que estos experimentos rara vez tienen éxito. Se extienden agónicamente en el tiempo aumentando la deuda externa. Argentina ha visto intentos similares de reestructuración neoliberal, y han fracasado dejando cicatrices duraderas: aumento de la pobreza, instituciones debilitadas y cohesión social disminuida. El enfoque de la administración Milei en las ganancias a corto plazo para la élite ignora el daño a largo plazo que se está infligiendo al tejido mismo de la sociedad.

El Camino a Seguir
Como sindicalistas, debemos presentar una visión alternativa. Una visión basada en los valores de equidad, inclusión y dignidad. Debemos abogar por:

 Restaurar los derechos laborales: Proteger la negociación colectiva y garantizar que cada trabajador sea tratado con respeto y justicia.
 Reconstruir los servicios públicos: Invertir en educación, ciencia, salud e infraestructura para crear empleos y mejorar los estándares de vida.
 Abordar la desigualdad: Implementar una tributación justa y políticas redistributivas para cerrar la brecha entre ricos y pobres.
Las tres centrales sindicales argentinas vienen denunciando ante el Comité de Libertad Sindical la violación de los convenios fundamentales de OIT (C87 y C98) y de normas constitucionales por parte del Gobierno de Argentina.

La lucha por los derechos de los trabajadores es una lucha por los cimientos de Argentina. No podemos permitir que el legado de la presidencia de Milei sea uno de familias rotas, sueños destruidos y oportunidades perdidas.

Fuente ITUC-CSI